El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, ha denunciado que la vigente regualción de la enseñanza religiosa en la escuela no se adecua a lo previsto en el acuerdo sobre Educación y Asuntos Culturales entre la Santa Sede y España.

La propuesta de un “pacto escolar” desde diversas instancias ha puesto de nuevo de relieve los graves problemas que aquejan a nuestro sistema educativo. Por nuestra parte, los obispos continuamos preocupados, junto con los profesores y muchos padres de alumnos, por la deficiente regulación jurídica de la enseñanza de la Religión y Moral Católica en la escuela. Los problemas se remontan a la aplicación normativa de la LOGSE y siguen sin ser resueltos y, por tanto, agravados. Estimamos que la regulación vigente sobre esta materia no se adecua a lo previsto en el Acuerdo sobre Educación y Asuntos Culturales entre la Santa Sede y España. La carencia de una verdadera alternativa académica coloca a los profesores y alumnos de Religión y Moral Católica en una permanente situación de verdadera heroicidad pedagógica. El deterioro de la formación religiosa y moral en la escuela no es bueno para nadie y, menos, para los jóvenes que en la práctica se ven privados de ella u obligados a recibirla en condiciones difíciles y discriminatorias.

Nos sigue preocupando también el conjunto de asignaturas llamadas "Educación para la ciudadanía", que, por su carácter obligatorio, habría de ser programada como materia de formación estrictamente cívico-jurídica y no - según es ahora el caso - como una materia de formación moral y de visión del hombre, de la vida y del mundo, fórmula típica de una enseñanza ideológica y adoctrinadora.

En los últimos meses han emergido problemas fundamentales del sistema educativo que han atraído fuertemente la atención de la opinión pública, como son: los altos porcentajes de fracaso escolar, la presencia creciente de la indisciplina y aun de la violencia en las aulas, la pérdida de autoridad humana y pedagógica de los propios profesores, una educación sexual impartida sin criterios morales y sin que los padres de los alumnos la conozcan, etc. Estos problemas deben ser revisados con criterios de eficacia pedagógica. Pero si esto se quiere hacer realmente a fondo, tal eficacia no debería ser entendida sólo desde una supuesta  efectividad técnica. Es necesario hacerlo también según el fin último de la educación, claramente definido a la luz de la verdad del educando. Se trata de educar a la persona humana en la plenitud e integridad de su ser, que implica la trascendencia de su destino. El educando no debe ser visto como un mero homo  faber, hoy sobre todo, homo technicus, al que habría que adiestrar más que nada en habilidades prácticas referidas a la construcción del mundo material. El que debe ser educado es el ser humano, en su condición de ser corporal y espiritual, que aspira a superar los límites de la culpa y de la muerte, dotado de libertad y de conciencia y llamado a la responsabilidad personal y social según los imperativos de la justicia, de la fraternidad y del amor.

El problema educativo, para ser bien resuelto, ha de ser abordado desde un planteamiento adecuado de la titularidad del derecho a la educación. Los titulares de ese derecho fundamental son, en primer lugar, los padres de familia y la sociedad con las diversas instituciones que la integran; el Estado es también titular de ese derecho de forma subsidiaria, en el sentido de que ha de velar por que la educación llegue realmente a todos, en igualdad de oportunidades y en condiciones de libertad responsable y practicable por todos: en primer lugar, por los padres y, luego, por las instituciones sociales educativas, en sentido amplio.